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Radios comunitarias bajo amenaza en Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya denunció el martes 11 de enero acciones de hostigamiento por parte de la policía y funcionarios de gobierno en contra de radios comunitarias en Honduras. A su vez, la Comisión instó al Estado hondureño en un comunicado “a investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes ni particulares realicen actos de hostigamiento contra quienes ejercen su libertad de expresión a través de emisoras comunitarias”.
De acuerdo con las denuncias emitidas por el Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), las radios Guarajambala y La Voz Lenca, medios de comunicación comunitaria del COPINH, fueron agredidas el 5 de enero de este año por empleados de la empresa Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH), cuyo propietario es Arturo Corrales Álvarez, ministro de planificación del actual régimen.
Informaciones difundida por el COPINH asegura que los supuestos empleados de SEMEH amenazaron de muerte a integrantes de la organización y cortaron la electricidad, lo cual dejó sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias. Estas agresiones se suman a muchas más cometidas en contra de medios comunitarios e independientes en Honduras. En algunos casos se han hecho detenciones arbitrarias y persecuciones; incluso se tienen reportadas agresiones físicas en contra de dos corresponsables de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, ocurridas el 15 de diciembre de 2010 por parte de integrantes de un operativo combinado que incluyó al Ejército y la Fuerza Nacional.
Ese mismo día, dos periodistas de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande que cubrían el desalojo de una familia fueron detenidas y despojadas de su equipo por elementos de la policía. Las reporteras fueron acusadas de desobediencia y se les mantuvo incomunicadas durante 36 horas.
De igual forma este 4 de enero, fue robada la computadora de una integrante de la radio virtual Honduras Insurrecta, miembro del Movimiento Nueva Democracia. Una denuncia fue interpuesta por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) sin que se haya llegado a ningún lado.
La situación de los periodistas y la libertad de expresión ha empeorado tras el golpe de Estado en Honduras, en junio del 2009.